El talón de Aquiles del sector turístico español en 2018 va a ser la oferta de alojamiento irregular, que ha registrado un boom en los últimos años y que será la primera que abrirá una guerra de precios en cuanto los turistas europeos comiencen a regresar a los destinos competidores del norte de África y Mediterráneo Oriental. Una bajada de tarifas que podría arrastrar a la oferta reglada. La advertencia fue lanzada la semana pasada en Fitur, durante un debate en el que participaron alcaldes de los principales municipios turísticos de España.

 

Cabe recordar que en 2017 se registró “un fuerte aumento del uso de la vivienda de alquiler, concentrada en los destinos de mayor éxito”, según apunta un reciente informe de Exceltur.

En este sentido, el mayor crecimiento en la llegada de turistas extranjeros en dichos destinos se produjo entre los viajeros que se alojaron en viviendas (+21,3%) mientras el aumento fue menor en la oferta reglada (+4,3%) “por encontrarse en niveles próximos a la plena ocupación”, según indica Exceltur.

 

¿Pero qué pasará si en 2018 se confirma el regreso de los destinos competidores y esa plena ocupación comienza a descender?

De hecho, “ya se está comenzando a ver una desaceleración de la demanda para la próxima temporada debido al repunte de otros destinos”, confirmó David Pérez, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Arona, en Tenerife.

 

Y en la misma línea, Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé, en Gran Canaria, reconoció que en 2018 “el talón de Aquiles va a ser la oferta de alojamiento irregular, la primera que comenzará a bajar los precios en cuanto repunten fuerte los destinos competidores”.

 

Asignatura pendiente

Para Joan Molas, presidente de la patronal hotelera CEHAT, “a ojos del sector privado, los municipios tienen una asignatura pendiente: terminar con la lacra de la oferta ilegal, que son miles y miles de plazas”.

 

Y es que según añadió Molas, “el gobierno central tiene una responsabilidad fiscal, las comunidades autónomas deben legislar, pero son los municipios quienes deben detectar dónde se encuentran esas plazas irregulares de alojamiento, ponerlas sobre aviso y cerrarlas si llega el caso. Porque esto va en detrimento de sus marcas turísticas”.

 

Sin embargo, Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar, mostró la cruda realidad de los municipios turísticos: “España en su complejidad y extensión tiene un problema, que legislamos mucho y aplicamos poco, no ejecutamos. Y los ayuntamientos no tenemos capacidad fiscalizadora para atender el problema de la oferta irregular de alojamiento. No la tenemos”, insistió.

 

En este sentido, explicó que en Lloret de Mar existen 3.000 viviendas de uso turístico legales, pero también ha florecido una amplia oferta ilegal. “Algunas urbanizaciones en el extrarradio se han convertido en auténticos parques de viviendas turísticas, lo que genera un problema si tienes que enviar hasta allí, por el tiempo de desplazamiento que supondrá, una patrulla de la Policía Local si hay quejas por ruidos”.

 

Por eso, insistió Jaume Dulsat, los Ayuntamientos no tendrán margen de maniobra para controlar las viviendas turísticas “hasta que los municipios turísticos no tengamos una financiación propia y capacidad para crecer y decrecer en personal y servicios según sea temporada alta o baja”.

 

Con las manos atadas

También el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, remarcó que los municipios turísticos se encuentran con las manos atadas por los problemas de financiación: “Esa oferta ilegal hace daño a nuestra marca y es necesario mejorar la inspección, pero los ayuntamientos lo tenemos complicado”.

 

Igualmente Alfonso Rodríguez, alcalde de Calvià, en Mallorca, suscribió la misma postura que sus colegas: “los municipios turísticos necesitamos financiación supramunicipal para acometer planes de reconversión de espacios urbanos pero también querríamos hacer uso de nuestro remanente de tesorería, algo que nos impide el Ministerio de Hacienda”.

 

Por su parte, el alcalde de Torremolinos, Pepe Ortiz, también se refirió a este asunto: “Debido a la normativa de Hacienda sobre el techo de gasto, no nos permiten invertir el superávit para mejoras de infraestructuras turísticas y de modernización del producto. Y nos cuesta acometer esos controles de la oferta ilegal”.

 

La conclusión de la mesa redonda fue aportada por el alcalde de Lloret de Mar: “El problema con la oferta sumergida de alojamiento es que los municipios turísticos no tenemos ni medios ni herramientas, y tampoco podemos contratar equipos de inspectores debido a ley Montoro”.

 

Cumbre turística de Administraciones
En el debate también tomó la palabra José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, quien animó a los alcaldes de los municipios turísticos a sumarse a la convocatoria de una gran conferencia específica para abordar los retos del turismo y en la que participarían los presidentes de las comunidades autónomas. De momento, varios de ellos ya han mostrado su interés en una cumbre de este tipo.

 

"Tenemos la oportunidad de unir fuerzas", dijo José Luis Zoreda. "Si a los presidentes de las comunidades se une el grupo de alcaldes de municipios turísticos, y el sector privado no podrá estar más de acuerdo, podremos dar la gran batalla para avanzar en la calidad, buscar una mejor empatía de los ciudadanos hacia el turismo, resolver problemas de financiación, abordar retos de reconversión de destinos maduros, etc".